El Defensor del Pueblo investiga las dificultades para pedir asilo en Madrid
Hasta el pasado 28 de mayo, estas personas podían solicitar la cita por teléfono (llamando al 060), pero el Ministerio del Interior modificó el procedimiento y centralizó el trámite en la sede de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid (Comisaría de Aluche) que sólo atiende a 99 personas al día, según un comunicado de la institución.
Esta limitación de cupo obliga a muchas personas, entre ellas mujeres embarazadas, madres con niños o personas con alguna enfermedad y otras personas vulnerables, a esperar sin éxito a la intemperie durante varios días. El Defensor del Pueblo recuerda que las demoras en el inicio del procedimiento provocan graves perjuicios a los solicitantes de asilo, ya que no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud y la mayoría carece de recursos, por lo que se quedan en la calle durante meses.
El nuevo procedimiento ha generado un importante número de quejas en la institución en las que se relatan las deficiencias en relación con la atención a los solicitantes y las condiciones en las que se desarrollan las entrevistas. Las quejas por dificultades para la obtención de cita previa en los distintos procedimientos de extranjería en la Comunidad Autónoma de Madrid son muy frecuentes en el Defensor.
Para la institución, la delegación de funciones que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) realiza en la Policía Nacional para la gestión de las citas de protección internacional agrava la situación que ya padecen los ciudadanos extranjeros por la falta de una gestión eficaz del sistema de cita previa de extranjería.
El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo de la «insostenible» situación en la que se encuentra la OAR y ha denunciado que el sistema de gestión de solicitudes de protección internacional español, ya sea de forma presencial o a través de internet, se encuentra «colapsado». En su Informe Anual de 2017 ya advirtió de que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un periodo corto de tiempo.
A juicio de la institución, la lentitud en la adopción de medidas para solicitar refuerzo de personal ha provocado graves disfunciones y perjuicios a los solicitantes. La complejidad de las demandas exige contar con suficientes funcionarios formados que puedan dedicar el tiempo necesario a estos expedientes, apunta el Defensor del Pueblo. Desde su punto de vista, el recurso habitual a funcionarios policiales en situaciones en las que el órgano administrativo competente se ve desbordado por las circunstancias, no es adecuado y puede afectar a la calidad del procedimiento.
