Los VTC exhiben músculo la víspera de ser aprobada la norma que les regulará
El último golpe de efecto del sector de las VTC ha sido una multitudinaria manifestación en la arteria principal de la capital, el Paseo de la Castellana, que concluyó a media mañana y de forma pacífica en el Ministerio de Fomento, el centro donde se dirigen sus protestas y reivindicaciones.
Los VTC se quejan de que Fomento no les ha mostrado el contenido del borrador de la nueva norma que les va a regular y, por otro lado, temen que el nuevo decreto acabe con ellos o les limite a tales proporciones que les borre del mapa de las grandes urbes. En este último caso, el negocio de Uber o Cabify podría no ser rentable y el sector, en general, estima que dejaría en la calle a 15.000 conductores.
El real decreto-ley sobre VTC facultará a las comunidades autónomas a regular la actividad de las VTC, como adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su primera comparecencia en el Congreso. La norma, de cumplimiento voluntario, podría dar lugar a 17 regulaciones distintas o a la concesión, en su caso, de otra nueva licencia autonómica o municipal y la consiguiente supresión de las que sobrepasen la proporción legal 1/30 (una de VTC por cada 30 taxis). El presidente del grupo Auro y que gestiona una importante flota de VTC, José Antonio Parrondo, ha asegurado a EFE que de darse este supuesto le puede suponer un perjuicio a su negocio de más de 1.000 millones de euros sobre los intereses que representa.
Los manifestantes, chóferes en su mayoría vestidos con traje oscuro y corbata, reivindicaron en el corazón de Madrid que toda nueva norma que regule su sector lleve el consenso de todos los agentes implicados. El secretario general de la Federación madrileña del Transporte de UGT, Antonio Oviedo, ha indicado a EFE que los conductores de VTC son trabajadores «la mayoría de ellos en riesgo de exclusión social, mayores de 45 ó 50 años, sin empleo y que han encontrado un trabajo» en las VTC. Para Oviedo, este colectivo «no es responsable ni culpable de que se hayan autorizado una serie de licencias de VTC, sea por el Gobierno o por los jueces».
El presidente de la patronal Unauto VTC, Eduardo Martín, ha denunciado que «un Gobierno de izquierdas pueda poner en la calle a más de 15.000 personas de manera directa y que cede para beneficiar exclusivamente al sector del taxi». La Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla León y Murcia han exigido al ministro de Fomento el documento y la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas dada la importancia de la materia.
En el otro extremo del conflicto, los taxistas han solamente suspendido temporalmente sus movilizaciones hasta conocer el texto completo de la nueva norma sobre VTC. Los taxistas temen que con la «solución» que da el Gobierno con el real decreto-ley «el conflicto se puede eternizar durante 3 ó 5 años» y que se «expande» a las comunidades autónomas, según una fuente del sector consultada por EFE.
Las plataformas Uber y Cabify completaron el miércoles una jornada de servicio sin coste para el usuario, como otra forma de manifestar su preocupación por el futuro del sector de las VTC. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha considerado esta misma semana que la polémica entre el taxi y los VTC es un reflejo del «tránsito del mercado de la movilidad dentro de las ciudades».
Para Marín Quemada, este tipo de mercado «está en transformación» y ha precisado a EFE que «requiere de actuaciones importantes y en eso es en lo que está la CNMC». Según el último recuento oficial de licencias de VTC y Taxi, las primeras suman más de 11.200 en toda España, de la que 5.277 pertenecen a Madrid (el 47 %) y 1.926 a Barcelona, en tanto que el taxi concentra 65.539 en todo el territorio, más de 15.500 en Madrid. A tenor de estos datos, el número de licencias de taxi en España es aproximadamente seis veces más alto que el de VTC.