CCOO EXIGE TRAS LAS ELECCIONES QUE SE CREE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LO OCURRIDO EN LAS RESIDENCIAS EN EL COVID
CCOO de Madrid ha exigido este viernes a los partidos políticos, tras las elecciones del domingo, un compromiso para la creación de una comisión de investigación que aclare lo ocurrido en las residencias madrileñas durante la pandemia provocada por el Covid-19, en las que murieron casi 8.000 personas, y «que se depuren las responsabilidades».
«La falta de información y el bloqueo para esclarecer estos gravísimos hechos tres años después suponen un déficit democrático intolerable, pues es imprescindible que la ciudadanía tenga una información real y completa de lo ocurrido, las decisiones que se tomaron y las responsabilidades de cada uno de los actores para decidir su voto», señalan en un comunicado.
Hace unos días en unas jornadas organizadas por CCOO de Madrid, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales durante los primeros meses de la pandemia, denunció la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de medicalizar las residencias madrileñas.
También señaló la responsabilidad de la presidenta del gobierno regional en la aprobación de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron el traslado de las personas mayores y dependientes a los hospitales durante lo más duro de la crisis sanitaria.
«Decisiones que, unidas a los déficits estructurales y de personal de las residencias, provocaron la muerte de casi 8.000 personas residentes durante la pandemia», apunta el sindicato.
20 AÑOS SIN CONSTRUIR RESIDENCIAS PÚBLICAS
CCOO ha indicado que el Gobierno del Estado ha aumentado «de forma significativa» el presupuesto dedicado a las políticas sociales y aprobando en el Consejo Territorial el acuerdo para la acreditación de centros y servicios del SAAD.
Un acuerdo, explican, que deben desarrollar las CCAA y que pretende poner en marcha un nuevo modelo de atención residencial, con centros más pequeños, creando unidades estables de convivencia que no superen las 15 personas, fomentando la participación de las personas residentes e incrementado las ratios de personal de forma notable.
«Pero el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ya ha manifestado que no va a cumplir con el acuerdo estatal porque requeriría de unas inversiones y gastos que no pueden asumir, lo que supone una peor calidad en la atención a las personas mayores en nuestra región, la ‘más rica’ según el gobierno regional», reprochan.
CCOO de Madrid recuerda que la Comunidad de Madrid lleva 20 años sin construir ninguna residencia pública y que de las 500 residencias existentes tan solo 25 son públicas, «lo que supone un nicho de negocio para las empresas privadas que operan en este sector».
«La pandemia no sólo nos trajo la dolorosa pérdida de los mayores en las residencias, también vino a exponer públicamente la lamentable situación de los Servicios Sociales. Un sistema olvidado y maltratado durante décadas por la administración regional que se vio absolutamente sobrepasado e incapaz de contener la crisis social derivada del Covid. Las colas del hambre son una buena muestra de ello. Lejos de aprender de la experiencia, Ayuso sigue dando la espalda a los servicios sociales obviando su carácter preventivo, de contención de la pobreza y como herramienta reequilibradora y de generación de igualdad social», apuntan.
Para el sindicato, es «imprescindible» reforzar el sistema público de Servicios Sociales como derecho de ciudadanía y servicio público esencial, «que garantice la continuidad de los procesos de intervención y un sistema de garantía de ingresos eficaz».
Manuel Rodríguez, Secretario de Políticas Sociales de CCOO de Madrid, ha manifestado que «es indignante que el Gobierno regional apueste por una política de regalos y deducciones fiscales para las personas más ricas, y luego se niegue a potenciar y mejorar los servicios sociales con el pretexto de la falta de dinero».
«Esto demuestra que las decisiones del gobierno regional, ahora como hace tres años en plena pandemia, responden al mismo criterio: favorecer el negocio privado a costa de la salud, la calidad de vida y la atención de las personas mayores y las trabajadoras que se encargan de su cuidado», ha concluido.
